"Es inviable trasladar Cultura a Tlaxcala"

“Nosotros no creemos que pueda plantearse un traslado de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, primero porque implica una afectación laboral, personal e incluso patrimonial a la base trabajadora”, señalaron en conferencia de prensa representantes de los trabajadores de la Secretaría de Cultura afiliados al Sector Central del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC).

La conferencia se realizó en Paseo de la Reforma, frente a la Secretaría de Cultura, donde hicieron pública su postura en torno a las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que la Secretaría de Cultura será la primera dependencia en trasladarse a Tlaxcala, como parte de su plan de descentralización del gobierno federal.

“Esta medida busca promover el desarrollo regional y disminuir (aparentemente) el costo de la burocracia, pero alteraría el funcionamiento de la propia institución, y tercero porque antes de realizarse un planteamiento de este tipo se debiera consultar a quienes laboran en esta dependencia y tienen su vida hecha aquí, en la Ciudad de México”, dijo Ángeles Medina, líder del SNDTSC.

En el documento entregado a El Economista señalan que “Andrés Manuel López Obrador ha dicho que esta descentralización no se va a dar por la fuerza, dice que todo por la razón y el derecho, pero en sus recientes declaraciones ni siquiera ha considerado los inconvenientes que este traslado traería a los trabajadores, entonces donde está el derecho. Es por esto que convocamos al presidente electo y a la próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a una mesa de diálogo para que él escuche los posicionamientos y necesidades de la base trabajadora. Para que se dé solución, si esa fuera la voluntad, primero a las problemáticas de la dependencia y segundo a establecer garantías a los trabajadores que no quieran el traslado”.

Se calcula que sólo los trabajadores que laboran en las oficinas centrales de la Secretaría de Cultura son alrededor de 800, pero la decisión afectaría a muchos otros.

Una Secretaría de Cultura que quedó a deber

Los trabajadores de la Secretaría de Cultura también denunciaron que a casi tres años de su creación, la dependencia aún no cuenta con condiciones generales de trabajo que garanticen y respeten los derechos y prestaciones adquiridas por la base trabajadora.

“Llevamos meses exigiendo el pago de los incrementos a nuestras prestaciones, mismos que recibíamos anualmente cuando éramos trabajadores del Conaculta, y que ahora nos están negando bajo el argumento de que no existe dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, y condicionando éste a la aceptación de un proyecto de Condiciones Generales de Trabajo que transgrede nuestros derechos”.

“No puede hablarse de traslado, sin atender las necesidades, ni garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como no se pueden aceptar condiciones generales de trabajo que atenten contra nuestros derechos adquiridos”, agregó Medina.

El pasado 4 de septiembre, los trabajadores enviaron una carta a la secretaria de Cultura exigiéndole que buscara las vías necesarias para pagar a las y los trabajadores del Sector Central el incremento a tres de sus prestaciones.

“Esto no ha sucedido; en cambio, se suspendió el pago de prestaciones e incluso de salario a trabajadores y trabajadoras de algunas de las direcciones, entre ellas, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas y de la Dirección General de Administración. El argumento fueron fallas en un nuevo sistema de administración que se ha implementado en esta Secretaría, el famoso SIGEDI, un sistema que más que resolver ha complicado el pago de salario y prestaciones a los trabajadores, incluso ha bloqueado movimientos escalafonarios”.

Y los trabajadores externaron su preocupación pues, a unos meses de la transición de autoridades en el gobierno federal, “y en la propia institución, tanto la Secretaría de Cultura, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico sumen esfuerzos para —bajo supuestos procedimientos administrativos— condicionar el pago de incrementos y violentar los derechos de los trabajadores”.

“En todo este entramado político y de intereses institucionales e incluso personales, a la base trabajadora de la Secretaría de Cultura se le ha provocado un daño económico, que inevitablemente repercute en la calidad de vida de sus familias”, se lee en el documento de los trabajadores.

“Cuando María Cristina García Cepeda llegó a esta Secretaría, afirmó que no venía a administrar conflictos, sino a resolverlos; hoy podemos decir que la señora sólo administró los conflictos en esta dependencia”, concluyeron.